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El parentesco entre el primer juez instructor del caso Goldfinger, Ricardo Puyol, y el abogado del Estado que ostenta en el juicio la acusación en representación de los intereses del Estado, José Antonio Jurado, podría suponer una causa de nulidad de todo el proceso, según aducen varias de las defensas.

Así lo han puesto de manifiesto algunos letrados durante la exposición de las cuestiones previas, que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga deberá entrar a resolver. El juicio arrancará de nuevo hoy en la Audiencia de Málaga con 17 acusados en el banquillo, entre ellos el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca.

El debate de dichas cuestiones previas se produjo la pasada semana sin saber si la Sala suspenderá el juicio, tal y como ha solicitado precisamente el abogado del Estado, con el objeto de que las acusaciones puedan instruirse sobre los documentos presentados el día de Reyes por algunas de las defensas. Estos documentos tienen que ver con un nuevo peritaje de los terrenos sobre los que se levantaba en su día el chalé del actor Sean Connery, y sobre los que después se levantó una promoción de viviendas de lujo.

En cualquier caso, varios de los letrados que ostentan las defensas han planteadoa la Sala como cuestión previa la posible nulidad del procedimiento, debido a que el primer magistrado instructor y el abogado del Estado personado en el juicio son cuñados.

Los abogados que sostienen esta tesis aluden a lo establecido en materia de abstenciones y recusaciones por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. En dicha norma, y a partir del artículo 217, se explicitan diferentes causas de recusación y de abstención del magistrado instructor de un procedimiento judicial de índole penal, y entre ellas se alude al parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal.

Está por ver qué resuelve la Sala en torno a esta cuestión y qué valor le otorga, ya que la labor del primer juez instructor, al que las defensas ponen ahora en el punto de mira, se produjo antes de que su cuñado, el abogado del Estado, tuviera relación con las diligencias como parte acusatoria.

Entre los posibles motivos de nulidad algunas defensas plantearon también la semana pasada la posibilidad de que el registro acometido por la Policía durante la instrucción en el bufete marbellí de la firma Díez Bastién hubiera sido hecho con carácter prospectivo. Esto podría invalidar de cara al juicio algunos de los documentos localizados en dicho registro, según fuentes del caso.

Igualmente las defensas pusieron en cuestión las comisiones rogatoriassolicitadas por el juez instructor a países como Panamá y Uruguay.

 

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